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El Consejo de la Unión Europea ha aprobado el texto que
modifica la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales, en
vigor desde 2005, y crea la Tarjeta Profesional Europea, que adoptará la forma
de un certificado electrónico profesional, facilitará el reconocimiento mutuo
de las cualificaciones existentes en la Unión Europea y mejorará la movilidad
de los trabajadores cualificados dentro de territorio europeo. El Parlamento
Europeo ya dio su visto bueno a esta medida en el mes de octubre pasado.
La tarjeta tendrá que ser implantada
en todos los países de la UE en el plazo de dos años. Además de las profesiones
reconocidas automáticamente en todos los Estados miembros desde 2005, la
tarjeta trabajará con las 800 categorías profesionales existentes en la UE, que
representan un total de 4.700 profesiones, y el sistema IMI de intercambio de
información sobre el mercado interior.
La actual Directiva, aprobada en
2005, que establece las reglas para el reconocimiento mutuo de cualificaciones
profesionales entre los Estados miembros, ha mostrado ser muy restrictiva para
permitir la movilidad de profesionales. En 2009, tan sólo el 2,4% de la
población de la Unión Europea trabajaba en un Estado miembro diferente al de su
nacionalidad. Por esta razón, y con el objetivo de impulsar la política de
Mercado Único y facilitar la movilidad de profesionales dentro del espacio
europeo, la Comisión Europea ha planteado la necesidad de reformar y
simplificar este sistema de reconocimiento de títulos profesionales.
Según se va reduciendo la población
en edad de trabajar en muchos Estados miembros, se prevé que la demanda de
trabajadores muy cualificados aumente de aquí a 2020 en más de 16 millones de
puestos de trabajo. Si la comunidad quiere satisfacer esta demanda, habrá que
colmar las lagunas de escasez de mano de obra, por ejemplo mediante
profesionales móviles y bien cualificados de otros Estados miembros de la
UE.
Estos pueden ser una fuente
fundamental de crecimiento, pero solo si pueden trasladarse con facilidad allí
donde haya empleo, para lo cual es necesario que sus cualificaciones se
reconozcan en la UE de forma sencilla, rápida y fiable. Por este motivo, se ha
desarrollado la Directiva relativa a las cualificaciones profesionales.
La idea, es facilitar la
redistribución de capital humano hacia los países con mayor demanda. Para ello,
la Tarjeta Profesional Europea acreditará la preparación suficiente para
ejercer en cualquier país de la Unión y reducirá los periodos de espera con que
determinados Estados miembros dilatan la incorporación de nuevos empleados.
Requisitos mínimos de formación.
Además de la Tarjeta, se incluyen
los llamados "requisitos mínimos de formación" y se
desarrollarán marcos comunes de formación de modo que las cualificaciones
obtenidas en estos marcos sobre la base de un conjunto de conocimientos,
habilidades y competencias o pruebas de formación estandarizados, "serán
automáticamente reconocidas por los Estados miembros", tal y como anunció
ayer Unión Profesional en un comunicado.
Se prevé un ejercicio de evaluación mutua
de las profesiones reguladas y se detalla un mecanismo de alerta entre
autoridades competentes en relación a aquellos profesionales que hayan sido
suspendidos de ejercicio o que hayan hecho uso de documentación falsificada. Se
clarifican, por otra parte, los requisitos lingüísticos exigibles a los
profesionales.
El profesional solicita el
reconocimiento de su cualificación en el país de origen y porta la información
correspondiente en la tarjeta, que puede leerse en los países de destino
cruzada a través del IMI. De esa manera, los países de acogida sabrán a qué
corresponde exactamente la cualificación y para qué servicios está facultada en
su territorio.
Es muy positivo que este mecanismo
reconozca el silencio positivo de la administración: “si las autoridades no
responden a una solicitud de reconocimiento de cualificaciones en los plazos
establecidos en la directiva, dicha solicitud se dará por aprobada”.
En la Unión Europea y en aquellas
profesiones regladas y reguladas que tienen directivas sectoriales propias, la
implantación del proceso podría ser sencilla, ya que toda su formación
académica está armonizada (arquitectos, ingenieros, médicos, enfermeros,
abogados, etc…). Bruselas prevé que, en aquellos países de partida donde no
está regulada una profesión, se designe una “autoridad pública competente” que
promueva los mecanismos para su emisión.
España ha dado desde el inicio de los trabajos su total apoyo a la creación de este documento, pero ha mantenido reticencias como otros Estados miembros, a la hora de admitir que la expedición de dicha tarjeta podría resultar muy costosa en los países donde una profesión no esté regulada.
España ha dado desde el inicio de los trabajos su total apoyo a la creación de este documento, pero ha mantenido reticencias como otros Estados miembros, a la hora de admitir que la expedición de dicha tarjeta podría resultar muy costosa en los países donde una profesión no esté regulada.
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